Extracto primer capítulo: De la medicina del alma a la concepción sanitaria de la penología.

El hecho de que, desde el principio, hayan sido los especialistas en derecho penal y criminología los más decididos partidarios de servirse del psicoanálisis en sus respectivas áreas de trabajo no debería sorprender, en tanto su trabajo se dirige a las denominadas patologías del acto. Tales patologías existieron siempre, pero el renovado interés por ellas de parte de la medicina y la jurisprudencia, a las que sumaron la sociología y la criminología, estaba en relación directa con la preocupación del amo moderno por mantener el control social.

Con su comportamiento a-normal, es decir, al margen de las normas –sean estas normas leyes de obligado cumplimiento bajo la amenaza de coacción de los dispositivos institucionales, sean usos convencionales cuya transgresión es castigada con el rechazo social y la exclusión–, los locos y los criminales cuestionan el orden social y dejan en evidencia al poder desnudando su falta, mostrando que «hay algo que no funciona». Enviar a los criminales a galeras, a las colonias o al patíbulo son recursos que encuentran límites objetivos: a mediados del siglo XIX, la segunda Revolución Industrial impulsa el desplazamiento de grandes masas de población del campo a las ciudades, y la concentración urbana es acompañada por un notable incremento de la criminalidad y de las denominadas conductas desviadas.

También por una más decidida intervención del Estado en la regulación de los comportamientos individuales y colectivos, y las políticas destinadas a poner la psicología, la sociología y la criminología al servicio de lo que Michael Foucault definió como la sociedad disciplinaria, un modelo que arranca a finales del siglo XVIII y que desde entonces no ha cesado de perfeccionar sus técnicas y ampliar sus objetivos.

Véronique Voruz describe muy bien cómo se ha impuesto –en particular en Inglaterra, pero con vocación de extenderse a otros países tradicionalmente menos pragmáticos– la política de la «gobernanza del riesgo», que pone a la criminología al servicio de las prácticas de control de los sujetos resto, simultáneamente con la utilización de la farmacología conjunta o alternativamente con la terapia cognitivo-conductual. El empleo de las teorías cognitivas-conductuales –TCC– ha sido recomendado por el National Institute for Medical Excellence y aconsejado por expertos seleccionados por el Gobierno británico de cara a la reorganización del sistema de salud mental, porque se trataría de «terapias psicológicas basadas en la evidencia». Se presentan, explica Voruz, «como el mejor medio para reinsertar a los enfermos mentales», y el fin no es la curación sino obtener un cierto grado de estabilización que les permita hacerse cargo de sí mismos y contribuir al crecimiento del PNB.

El concepto de sociedad de riesgo no solo tiene que ver con el aumento de la criminalidad y la mayor presencia de la violencia en la vida cotidiana –especialmente urbana–, sino con la percepción inducida interesadamente con fines de manipulación política, de que existen amenazas reales contra la seguridad de las personas, de los bienes e incluso del conjunto de la sociedad. Es obvio que ese estado de paranoia generalizada en las sociedades occidentales se ha visto potenciado a partir de los atentados que sacudieron al mundo en septiembre de 2001, a los que han seguido otros en diversos lugares, menos espectaculares pero siempre mortíferos, y constantemente incrementada desde entonces.

Por lo que se refiere al primero de los aspectos señalados, el riesgo al que se ven constreñidos a temer el conjunto de los ciudadanos provendría de aquellos sujetos que, como los locos y los criminales, representan un peligro real por sus acciones transgresoras, o un peligro potencial estimado según las más modernas técnicas predictivas. En el primer caso, los dispositivos institucionales operan penalizando a los sujetos en función de la gravedad de los hechos cometidos (con frecuencia, aislándolos del resto de la sociedad mediante la reclusión); y en cuanto a los que aún no se les pueden imputar delitos pero acerca de los cuales las autoridades ya saben que existe un alto porcentaje de probabilidad de que los cometan, los mismos dispositivos delegan su tratamiento en los expertos que han de estimar «los factores de riesgo […] e identificar los puntos de intervención posibles para remediarlos mediante las terapias cognitivo-conductuales: una reeducación determinada. El sujeto es identificado como una máquina mal programada que se trata de reparar para prevenir la perturbación social».

El discurso capitalista esbozado por Jacques Lacan, y cuya esencia es la circularidad, funciona produciendo un efecto tiovivo: a mayor velocidad de circulación, aquellos sujetos que no disponen de un algún asidero son despedidos, expulsados del sistema, arrojados a las tinieblas de la desinserción en todas sus dramáticas modalidades.

La exclusión y la precariedad se solapan: parados, jóvenes, adictos, inmigrantes, enfermos mentales, criminales; todos ellos, en mayor o menor grado, desechos de los que, sin embargo, los gobiernos no pueden desentenderse completamente. Hay una presión social para que el Gran Otro de la ley proteja a los buenos ciudadanos, a las personas normales, de los riesgos reales o potenciales que vienen o pueden venir de ese Otro que está fuera, al margen, pero cuya presencia es inquietante. La demanda dirigida a las autoridades choca con la imposibilidad material de garantizar una seguridad completa, y la fantasía orwelliana de una sociedad transparente –versión actualizada del panóptico– opera de modo perverso en una doble dirección: por un lado, el amo no puede reconocer su impotencia, y se ve impelido a prometer soluciones; y por otro, las propuestas se orientan hacia un mayor control social generalizado a toda la población que se traduce en limitaciones y recortes de las libertades civiles al amparo de la forzada elección entre seguridad y libertad. La «gobernanza del riesgo» se sirve de la criminología, convertida en ciencia predictiva, para determinar el nivel de peligrosidad potencial de los sujetos sometidos a examen, y, a expensas de la calificación –riesgo alto, medio o bajo–, adoptar las medidas políticas para proteger a la sociedad. Como lo ha expresado un profesor de Derecho Penal y Criminología, en lo que se refiere al tratamiento del delito, «es hora de que las togas negras dejen paso a las batas blancas». El malestar social ha sido sustituido por la enfermedad social, donde la concepción sanitaria de la penología tiene la palabra*.

* Lea el Exordio, y el primer capítulo completo clikeando aquí: Sobre la responsabilidad criminal.

Comparte / Imprime este artículo
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.