La fábrica del “individuo peligroso”. Éric Laurent (París)

Las relaciones de la psiquiatría y de la justicia tienen una historia larga y tumultuosa. La justicia manifestó siempre una resistencia para dejarse llevar por los procedimientos de la psiquiatría. En el siglo XX, Michel Foucault podía escribir a propósito de la puesta en relieve de la categoría de “individuo peligroso” en el siglo XIX: “Hay que señalar que esta transformación no se hizo solamente de la medicina hacia el derecho, como la presión de un saber racional sobre los viejos sistemas descriptivos; sino que se operó por un perpetuo mecanismo de llamada y de interacción entre el saber médico o psicológico y la institución judicial. No es esta última la que ha cedido.”

Una ruptura histórica
Esta compleja historia acaba de conocer una ruptura que anuncia una nueva articulación de la justicia y de la psiquiatría. El medio de justicia no se apoya en disposiciones legales que se desprenden del marco general de la “mala praxis” como en otros dominios de la medicina. El juicio se funda en una ley que concierne a las consecuencias no intencionales de decisiones tomadas por los que deciden y pertenecen al ámbito público.

Esta ley Fauchon, de julio del 2000, se supone que debía proteger a los que deciden. Insiste en la necesidad de demostrar la “falta caracterizada” por una “violación manifiestamente deliberada de una obligación particular de prudencia o de seguridad”. Las intenciones protectoras funcionaron a contrapelo de aquello para lo que habían sido previstas. La psiquiatra fue condenada por un juicio que demuestra la “falta caracterizada” con un lujo de detalles sorprendente.

El caso clínico
En el 2004 el paciente es internado nuevamente por vía judicial. Se realizó un permiso de salida de prueba. A partir de comportamientos violentos fue necesario su regreso al hospital. En ocasión de una entrevista en que se le anuncia esto, se fuga. Su fuga es reportada a la policía y a la familia tres horas después, lapso que no es inhabitual en los servicios de psiquiatría, teniendo en cuenta un registro del hospital, llamados a la familia y la espera del regreso que es frecuente. Luego de un lapso prolongado de veinte días, durante los cuales no pudo ser localizado por las fuerzas del orden, se presenta en el domicilio de la abuela y mata a su compañero. En su delirio, amenazaba al compañero de su abuelo, el Sr. Trabuc, del que sospechaba que quería robarle su herencia.

Los resúmenes de las audiencias no permiten situar la temporalidad exacta de los dichos y de los actos. Todo está centrado en la cuestión de la demora. ¿Qué hizo el paciente durante ese tiempo? ¿Por qué no se lo pudo detener para rehospitalizarlo?

“La sociedad no acepta”
Los jueces no ahorraron preguntas. Reprocharon a la Dra. Canarelli una cierta “laxitud” en el curso de los años. Para conservar la posibilidad de tratar a este paciente, ella suspendió regularmente las hospitalizaciones judiciales, y no consideró útil administrar tratamiento neuroléptico de efecto prolongado. Se le reprocha una “discordancia manifiesta” entre la gravedad del caso y la “conducta terapéutica”.

Los jueces se apoyan en una conclusión de expertos particularmente severa. El experto considera que la “negación” del paciente sobre la gravedad de sus actos contaminó al equipo tratante. La parte civil que acusa a la psiquiatra es el hijo del octogenario asesinado, que busca un responsable, luego de haber quedado conmovido por un primer “no ha lugar” en 2005, en razón de la irresponsabilidad penal del Joel Gaillard. Los jueces tuvieron particularmente en cuenta su dolor en la declaración final del juicio

¿Hacia el “todo seguridad”?
El presidente del Sindicato de hospitales públicos (SPH) considera que la falta no se constituyó. Recuerda que este último proceso se inscribe en una historia reciente donde la psiquiatría resiste a la presión de la seguridad, “luego del discurso de Nicolás Sarcozy en Antony en 2007, que se tradujo en una ley de julio de 2011 sobre los cuidados psiquiátricos sin consentimiento”. Los sindicatos continúan, por otra parte, reclamando la derogación de esta ley. Temen que la opinión pública ceda al miedo y se resigne a una política psiquiátrica represiva ante todo.

Michel Lejoyeux, jefe de servicio de psiquiatría del hospital Bichat Maison-Blanche, se pregunta “por qué hacer de un error verosímil de diagnóstico de una psiquiatra una falta moral y criminal”, mientras que a la vez sabemos de la dificultad para evaluar la “peligrosidad criminológica” y la utopía del “riesgo cero”.

La editorial de Le Monde
¿Los jueces han cedido al miedo y a la atmósfera de seguridad? No es la opinión del diario Le Monde, que la editorial de su edición del 20 de diciembre resueltamente toma partido y celebra un “juicio valiente”. Señala que “la requisitoria más terrible sobre el seguimiento terapéutico (…) no provino por otra parte de los jueces, sino de su colega psiquiatra designado como experto”. Más allá de la indignación del “público de profesionales apiñados en el fondo de la sala”. La cronista judicial del diario señala que “entre los dos jueces asesores que participaron en la deliberación, figura el presidente de la Asociación nacional de jueces de aplicación de penas”.

Una espada de Damocles: la opinión pública sobre la seguridad
El informe del experto obliga a los jueces a ser responsables de la salida de los detenidos peligrosos, mientras que no concluye ni a la locura ni a la necesidad de cuidados, pero evoca diferentes trastornos de la personalidad. El presidente Castoldi recuerda: “no juzgamos ni a los psiquiatras ni a la psiquiatría, juzgamos un caso”. Esta declaración fue tomada por los psiquiatras como una denegación. Se sintieron aludidos. El experto no cura. El psiquiatra sigue a los pacientes durante años, hospitalizados o no. Por una vez un experto apuntaba claramente a una psiquiatra. Mediante lo cual, “cada psiquiatra siente de ahora en más una espada de Damocles sobre su cabeza”. Esta espada es de una naturaleza diferente a la de la justicia: es la espada de la opinión pública sobre la seguridad. Luego de haber obligado los jueces a romper un pacto con la psiquiatría, podría prescindir de los jueces.

En USA, las leyes del estado de Virginia prescinden de los jueces para evaluar los riesgos de recidiva. Una cláusula obliga a aquellos a mantener detenidos a los delincuentes sexuales cuando tienen un score de más de cuatro en una escala de evaluación de la recidiva, determinada por una comisión estrictamente administrativa.

¿La Administración es el porvenir?
Para liberarnos del conflicto entre jueces de aplicación de penas, expertos psiquiátricos y psiquiatras, ¿el porvenir será el de una comisión administrativa ad-hoc? Y por supuesto ¡con una agencia independiente! En el crimen particular del que hablamos, la condena recae sobre las circunstancias particulares del pasaje al acto o sobre “el individuo peligroso” en que se convirtió Joel Gaillard. La Dra. Canarelli sostenida por la profesión, apeló inmediatamente.

Seguiremos el curso de los acontecimientos con mayor atención de lo que hemos seguido el primer juicio.

From: Lacan cotidiano, nº 265.