Una pensión del Estado por tener "alergia" al Wi-fi | Redacción Blog

Ella y su abogada han conseguido una sentencia histórica en Europa: una juez francesa ha dado la razón a Richard, quien cree sufrir la denominada hipersensibilidad electromagnética. La sentencia, dictada por un tribunal de lo contencioso de Toulouse el 8 de julio aunque pasó desapercibida, reconoce una discapacidad del 85% a la afectada y obliga a las autoridades locales a pagarle 800 euros al mes para, entre otras cosas, “comprar leña para calentarse” en su refugio de las montañas. El Consejo Departamental de Ariège ha recurrido el veredicto.

“Creo que no hay precedentes en Europa”, explica su abogada. Si crea jurisprudencia, el caso Marine Richard hará temblar a las administraciones y a las empresas de telecomunicaciones. Miles de personas aseguran sufrir hipersensibilidad electromagnética, una etiqueta reconocida por la Organización Mundial de la Salud para referirse a “un abanico de síntomas inespecíficos que difiere de individuo a individuo”. Cada supuesto afectado es diferente, pero “los síntomas son ciertamente reales”, según la OMS.

Richard habla de insoportables dolores de cabeza, insomnio y problemas cardiacos en presencia de “ondas electromagnéticas artificiales”, pero no si se trata de fuentes naturales como los campos eléctricos de las tormentas o el campo magnético de la Tierra que mueve la aguja de la brújula. “También sufrimos un síndrome de tipo alzhéimer en caso de exposición prolongada: por ejemplo, aparcas tu coche y un cuarto de hora después te has olvidado completamente de dónde está”, aseguraba en 2013 en su blog.

Los síntomas, en ocasiones muy graves, existen, pero la OMS sugiere que su origen no se encuentra en los avances tecnológicos, sino en la propia mente de los afectados. “Hasta la fecha, las pruebas científicas no apoyan la existencia de una relación entre estos síntomas y la exposición a campos electromagnéticos”, asegura la OMS, que apunta a “la ansiedad relacionada con la presencia de nuevas tecnologías”.

En 2003, el psicólogo británico James Rubin, del King’s College de Londres, inició un esclarecedor experimento. Reunió a 71 personas supuestamente electrosensibles y a 60 voluntarios sanos. La prueba consistió en acercarles un teléfono móvil a la cabeza, que podía estar encendido o apagado sin que lo supieran los participantes. Algunos electrosensibles se retorcían de dolor ante un teléfono apagado y otros no percibían un campo electromagnético pegado a su cráneo. Los análisis de sangre posteriores no mostraron cambios hormonales. “No hallamos ninguna evidencia de que las señales del teléfono móvil generaran estas sensaciones [notificadas por los electrosensibles]”, sentenció el equipo de Rubin en su informe final. El psicólogo apuntó al efecto nocebo: si crees que tu salud va a empeorar, lo hará.

Todas las entidades científicas coinciden. El último informe, de febrero de 2015, proviene del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI), puesto en marcha hace una década por la Comisión Europea para contar con un asesoramiento de expertos en temas muy complejos. El organismo revisó 700 estudios científicos sobre el tema, sin encontrar efectos en la salud con los actuales límites legales.

“Las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia no es la causa de estos síntomas” relatados por los electrosensibles, sostiene el físico griego Theodoros Samaras, presidente del grupo de expertos del comité.

Los eurodiputados españoles Estefanía Torres y Pablo Iglesias, de Podemos, pidieron el 3 de julio a la Comisión Europea el “reconocimiento integral de la electrohipersensibilidad” y denunciaron que “los comités científicos, como el CCRSERI, tienen una evidente falta de independencia y neutralidad”. Samaras, de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, rechaza estas acusaciones. “Soy un científico que trabaja como profesor en una universidad pública y, para formar parte del CCRSERI, mi independencia fue, y es continuamente, evaluada por la Comisión con reglas transparentes”, afirma.

“A mí nunca me han dado un euro las empresas de telefonía”, coincide el bioquímico Emilio Muñoz, presidente del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, una institución creada en 2005 por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid ante la alarma social creada por los supuestos efectos de los campos electromagnéticos. El comité nunca ha encontrado efectos sobre la salud y siempre ha denunciado la venta de “artilugios sin fundamento científico”, como cascos o capas, que supuestamente protegen de los campos electromagnéticos, pero que en realidad son un timo. Muñoz, expresidente del CSIC, pide “más investigación sobre el tema, aunque probablemente tenga más que ver con factores psicológicos”.

En España, no hay sentencias en vía penal y solo “algunas reclamaciones” por vía civil, según fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente. La Justicia, de momento, hace caso a la evidencia científica. “Es evidente que el estado actual de la ciencia descarta que haya efectos adversos para la salud”, destacaba una histórica sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2010, en relación a los campos magnéticos provenientes de un transformador de energía eléctrica en Burriana (Castellón).

Sin embargo, en 2011, un juzgado de lo social de Madrid reconoció la incapacidad permanente, con derecho a pensión, a una trabajadora de 42 años de la Universidad Complutense que adujo hipersensibilidad electromagnética, pero que también había sido diagnosticada con fatiga crónica, fibromialgia y otros trastornos sí reconocidos.

“Hemos tenido media decena de sentencias que han reconocido invalidez por hipersensibilidad electromagnética, pero siempre combinada con otras patologías. Estamos a la espera de la sentencia que reconozca la capacidad invalidante de la enfermedad por sí sola”, explica un portavoz del Col·lectiu Ronda, una cooperativa de abogados que llevó el caso de 2011. Una trabajadora de la Generalitat en Lleida, explica este portavoz, lleva un año y medio de baja aduciendo hipersensibilidad electromagnética, sin otras patologías. Los abogados esperan el veredicto, que puede crear jurisprudencia. El caso, y la supuesta alergia al Wi-fi, están vistos para sentencia.

Fuente: El Pais.